ChiapasRehenes del narco

n medio de una fuerte balacera, pobladores de por lo menos siete comunidades ubicadas alrededor de la presa La Angostura abandonaron sus hogares. “Más de media de hora de balazos, carros quemados. Las balas caían sobre los techos de las casas”, cuenta Pedro, habitante de este lugar. Su nombre fue cambiado por temor a represalias.

Dejaron tras de sí, esparcidos, toda clase de objetos, desde zapatos hasta anaqueles vacíos, trastes, una que otra mochila vieja y motocicletas. Eso fue a mediados de enero. “Se sabía que había enfrentamientos en otro lado, no en nuestras comunidades. Pero esta vez tuvimos que salir huyendo por el monte”, recuerda Pedro.

Huían de uno de los enfrentamientos que se vuelven cada vez más frecuentes en Chiapas: el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La confrontación que ambos sostienen en diversas regiones del país se expandió hasta esta entidad.

Los chiapanecos están acostumbrados a la protesta social, a la movilización (sobre todo campesina y magisterial), a las disputas por la tenencia de la tierra y a que su entidad tiene una condición de paso, receptora y expulsora de migrantes. Pero hoy observan con terror la violenta penetración del narcotráfico.

Desde un refugio en Comitán, Pedro narra que salió de su comunidad junto con su esposa, sus hijos, su madre de la tercera edad y sus cuñadas. “Por los enfrentamientos, que estaban exagerados”. No hubo tiempo de sacar ni sus documentos. “Ahí dejamos todo: nuestros animalitos y nuestro humilde hogar. Salimos caminando rápido hacia la presa y vimos que otras familias se encontraban en la misma situación que nosotros. Salieron sin nada”, describe.

Cuenta para esta investigación que los pobladores de los ejidos Nueva América, Corona del Rosal y Benito Juárez, Chicomuselo; Chejel y Puerto Rico, de Socoltenango, y de Nuevo Resplandor, en La Concordia, huyeron luego de un enfrentamiento entre “los malos”, como los pobladores llaman a los grupos criminales, que comenzó el domingo 14 de enero.

Sandra, quien también vive desplazada en Comitán y a quien se le cambió el nombre por seguridad, dice que en su comunidad se quedaron unas 20 familias que ya no pudieron salir. “Tengo una sobrina que seis días aguantó hambre solita. A los seis días la fui a sacar de su casa y tenía mucho pánico. Salió brincando, mirando a su alrededor, y me decía si no estaban por ahí los señores. Le dije que no. Es que también se dice que estaban reclutando a los varones, y más a los jóvenes. Por eso mucha gente se fueron a dormir a sus solares, potreros, cuevas, mucha gente salió huyendo por eso”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), junto con el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género Guatemala-México, la Red Nacional de Organismos civiles de Derechos Humanos, y la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes han estado documentando la violencia que se registra en las regiones Sierra y Fronteriza, donde principalmente se presenta la presencia de los grupos criminales.

En enero, estas organizaciones civiles presentaron el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”. Registran dos desplazamientos forzados masivos. El primero fue el 26 de mayo de 2023, en comunidades de La Candelaria, Lajerío y Benito Juárez de Frontera Comalapa, de donde salieron entre 600 y mil 500 personas, las cuales regresaron a los pocos días escoltadas por el Ejército mexicano, que realiza patrullajes disuasivos.

El segundo ocurrió en enero de este año, los días 15, 16 y 17, en las comunidades de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia (alrededor de la presa La Angostura, que es el embalse más grande de México). Según datos del Frayba, en esta última ocasión fueron cerca de tres mil las personas desplazadas.

Los testimonios documentan que la huida de las familias está ocurriendo a través de veredas y montañas a donde llegan a refugiarse por días. Dejan atrás sus medios de vida; es decir, sus animales domésticos, el maíz, el café, algunos vehículos y los medios de labranza que quedan a merced de la rapiña.

Pedro también asegura que otras personas huyeron ante el ingreso de tropas del Ejército mexicano, que lanzaron gases lacrimógenos cuando la gente les reclamó que no actuaban contra los grupos del crimen organizado.

Para intentar salvarse, la mayoría de los desplazados llegan a las cabeceras municipales cercanas e incluso a las ciudades grandes, como lo son Comitán, San Cristóbal de las Casas y la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Estrategia de control criminal

Dora, una mujer desplazada en Comitán que también pide preservar su verdadero nombre, espera volver a su casa porque piensa que no podría acostumbrarse a lo fresco del sitio donde ahora vive. “Lo más triste es venir aquí. Nuestro lugar es caliente y aquí frío, y pues los niños se enferman”.

Relata que ellos salieron de día, “cuando estaba más fuerte la balacera. Bajamos por Resplandor caminando para llegar a la presa; en la lancha quedaron todas nuestras cosas. Se quedó nuestra casa con nuestros animales, nuestras gallinas, mis marranitos”.

Otras familias, recuerda, se refugiaron en sus solares, que son galeras que se construyen cerca de la milpa para descansar mientras trabajan la tierra. Algunos hombres decidieron sacar a su familia y ellos se quedaron a cuidar las pertenencias.

Los grupos criminales que se disputan el territorio mantienen un profundo control de la población, la economía y los servicios con estrategias de terror que han causado graves impactos sociales, económicos y psicológicos a la población, de acuerdo con el seguimiento que han registrado las organizaciones no gubernamentales.

Una escena que relatan los pobladores ocurrió el 22 de septiembre, en la localidad de Chamic, en Frontera Comalapa. Un grupo armado que se hizo llamar el Cártel Chiapas se dio a conocer desfilando en un largo convoy con armas de grueso calibre, disparando al aire y amenazando al Cártel de Sinaloa. Por ello, en la zona se corrió la versión de que podría ser una fachada del CJNG.

“El conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control del territorio en Chiapas representa uno de los episodios de mayor impacto social, económico y político en el estado”, detalla en otro informe la organización Otros Mundos, que trabaja por la defensa del territorio contra megaproyectos extractivistas y tiene presencia en la región fronteriza.

“La violencia es descomunal –continúa el documento–, con acciones masivas jamás vistas, como el reclutamiento de jóvenes, la violación de mujeres, el cobro de piso, las extorsiones, las desapariciones, desplazamientos masivos, los secuestros, el robo de casas y otras propiedades inmuebles, las fosas clandestinas; el cerco armado a comunidades enteras, torturas, asesinatos, decapitados, entre otros indicadores terribles”.

Esta asociación civil identifica los intereses económicos que alimentan la pugna entre los grupos delictivos en Chiapas: la apropiación de los terrenos, ranchos y viviendas; el control de negocios, como la venta de alcohol, café, maíz, palma de aceite, gas y gasolina; el cobro de pisos, las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento, la prostitución y la trata de personas; el tráfico de drogas, armas y migrantes, “entre otros muchos negocios”.

Las regiones afectadas tienen actividades productivas relacionadas con lo agropecuario y el comercio. Asimismo, Otros Mundos señala dos nuevos elementos que aparecen en esa lucha por el control territorial. Uno es el aislamiento de las comunidades para evitar que se infiltre el cártel contrario. “Esto se traduce en el cierre de entradas y salidas de la comunidad, el corte de las comunicaciones, de la luz, del suministro de agua, de los servicios como son los hospitales, bancos, escuelas y mercados”. Otro es la conformación de organizaciones locales dentro de las comunidades, que aparentan autonomía, pero siguen instrucciones del grupo delictivo.

Este ha sido el caso de la organización El Maíz, en el municipio de Chicomuselo, que obliga a los pobladores a hacer barricadas, vigilancia, retenes, marchas y bloqueos para evitar la entrada del Ejército mexicano. También usa a la población como escudo humano en los enfrentamientos armados.

Las organizaciones coinciden en que la población civil “ha sido tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, según se lee en su documento. Esto se logra con acciones como el corte de suministros de servicios básicos como los alimentos, la gasolina y la energía eléctrica.

Eso ocurre en la región de La Frailesca, zona donde se ubica la presa La Angostura. Las balsas que cruzan los 100 kilómetros del embalse llevan a bordo la desbandada de pobladores, que venden sus cosechas a bajo precio.

Las organizaciones denuncian que el control por parte de los grupos criminales armados debilita, fragmenta y daña el sentido de la vida comunitaria, además de que destruye las dinámicas de las tomas de decisiones al interior de la misma.

Otro impacto que ha detectado el Frayba es que alrededor de cinco mil trabajadores de la educación de los niveles básico y medio superior no acuden a clases o no asisten a sus centros educativos en las zonas violentas, porque tienen miedo de que les pase algo.

Como ocurre con el resto de la población, los maestros se niegan a hablar sobre la situación que se vive en las regiones Sierra y Fronteriza por miedo. “No tenemos datos exactos. En algunas escuelas sí hay clases, en otras no”, dijo un vocero (que también pide omitir su nombre) de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que está adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organización magisterial disidente y la de mayor número de profesores en el estado.

Al respecto, la Secretaría de Educación confirmó por medio del área de comunicación social que en escuelas de varios de los municipios que viven desplazamiento no hay clases presenciales “por protección de los niños, niñas y jóvenes”, y que se están llevando a cabo clases en línea o con cuadernillos que tienen los alumnos, aprovechando el protocolo que se estableció durante la pandemia de covid 19. Pero la dependencia no respondió a la petición para conocer cuántas escuelas se encuentran en esta situación y de qué localidades.

Asimismo, las organizaciones a cargo del informe “Asedio a la vida cotidiana…” afirman que, en toda la región fronteriza asolada por el conflicto armado, “la delincuencia organizada interactúa con funcionarios del gobierno conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial”. Además, que la infiltración en el gobierno es de tal magnitud que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio.

Gobierno con otros datos

Desde 2021, la zona limítrofe con Guatemala se encuentra en una guerra no reconocida por los gobiernos federal y estatal, ambos del partido oficial Morena. En los últimos meses, la violencia ha ocasionado zozobra e incertidumbre que está generando desplazamientos de forma masiva o “gota a gota” de cientos de familias.

Así, alejado por mucho tiempo de la presencia de grupos criminales que han experimentado otros estados y regiones, Chiapas se convirtió poco a poco en uno de los escenarios más violentos de este conflicto abierto entre las dos organizaciones delictivas más grandes del país.

La Iglesia católica, por medio de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como varias organizaciones defensoras de derechos humanos asentadas en el estado y organismos empresariales, hacen llamados de emergencia a las autoridades para que reconozcan la situación y actúen.

“Tememos por la vida de tantas hermanas y hermanos, por las comunidades y pueblos de esta zona fronteriza y de otras partes del estado de Chiapas. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes a poner su mirada en estas comunidades y pueblos, y a que logren la atención urgente a las demandas de paz de nuestros pueblos, favoreciendo el Estado de Derecho”. Así lo expresó la Diócesis de San Cristóbal en una carta que difundió el 21 de diciembre en sus redes sociales, firmada por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez y sus colaboradores.

No obstante, desde el inicio del éxodo causado por los grupos armados, los gobiernos federal y estatal han minimizado la situación. Su argumento es que Chiapas es el estado más seguro del país, pues la cifra de homicidios es una de las más bajas de todo México.

Sin embargo, el gobierno no cuenta con un registro que mida el impacto que ha generado esta situación de guerra para la población, en su mayoría indígena y rural. La Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, instancia encargada de atender a población desplazada, tiene cifras mucho menores que las organizaciones de la sociedad civil que documentan y acompañan a víctimas, como es el caso del Frayba y de Otros Mundos.

De hecho, en un comunicado que publicó el 23 de enero pasado, el Frayba criticó a la Secretaría de Protección Civil estatal, por minimizar la situación. En principio, señala que la dependencia se refiere a los desplazados como “personas en situación de vulnerabilidad ante un hecho socio-organizativo”, con lo que no se apega al reconocimiento dentro de la propia ley estatal para la prevención y atención del desplazamiento interno, vigente desde 2010.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, asegura en entrevista que el desplazamiento forzado en Chiapas es intermitente; es decir, la gente sale, pero luego regresa. También explica que en ocasiones el desplazamiento ha sido disperso, que muchas veces las familias se refugian con familiares y que muchos han regresado a sus comunidades por sus propios medios, aunque el gobierno cuenta con un plan de retorno institucional.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el estado cuenta con 21 mil comunidades y sólo 266 centros poblacionales grandes, donde se dispersan seis millones de habitantes. El Secretario de Protección Civil dice que esta disgregación poblacional dificulta acudir a todos los lugares que sufren desplazamiento para ver qué necesita la gente.

El funcionario afirma que al 9 de febrero tenía un registro de mil 570 personas desplazadas, en todo el estado y por diversas causas, no solamente por la violencia. Luego, reconoce que el número de personas desplazadas “llegó a ser en algunos momentos de cerca de cinco mil”.

Aun así, García Moreno considera que “la cifra no rebasa la atención del gobierno”. Y presume que dicha atención consiste en dar albergue temporal en algunas instalaciones del gobierno, víveres, y dialogar para posteriormente hacer el retorno con las familias que aceptan, con resguardo del Ejército.

Sobre el desplazamiento masivo de enero, afirma que únicamente ocurrió en Chicomuselo y la cifra de los desplazados fue de tres mil 780.

La Iglesia católica también calcula que el número de desplazados en esa ocasión fue de cerca de cuatro mil, “con todo lo que eso significa: el desarraigo del pueblo, de su comunidad de la escasez de alimentos y medicamentos, el dejar la rutina diaria, como el trabajo”, afirma el sacerdote Gilberto Hernández García, asesor pastoral de la Arquidiócesis de Tuxtla y director de Cáritas.

Sin embargo, las cifras de Otros Mundos son mayores. Expone, por ejemplo, casos de localidades en el municipio de Chicomuselo que salieron obligadas por uno de los grupos delictivos en mayo de 2023. Ahí, unas 200 familias enteras huyeron de Puerto Rico; alrededor de 800 personas salieron de la comunidad de Cuatro Camino y 450 más de San Antonio; del Ejido Nueva Morelia salieron unas 500 personas. Lo mismo sucedió con casi todas las familias de Galicia; aproximadamente 180 habitantes de Jolentón, y otros más de El Cerecillo y 20 de Noviembre.

Esta asociación civil coincide en la imposibilidad de calcular con exactitud el número de personas desplazadas, ya que hay regiones donde no se puede tener acceso. “El gobierno afirma una cantidad de personas atendidas en albergues, pero no toda la población desplazada ha llegado a refugiarse en ellos”, apunta en su reporte.

Aun así, en el informe “Asedio a la vida cotidiana…”, las otras organizaciones estiman una cifra alarmante. Calculan que desde 2021, cuando se agudizó la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, hasta febrero pasado, alrededor de 10 mil personas de las regiones mencionadas han sido víctimas de desplazamiento forzado.

“Son fenómenos que le pegan muy fuerte a nuestras comunidades, y lanzan una señal muy negativa de que estamos siendo rebasados por el crimen y estamos perdiendo. Hay una sensación de inseguridad muy grande”, agrega el sacerdote Hernández García.

El gobernador del estado, Rutilio Escandón, nunca habla del tema públicamente. Para esta investigación se solicitó una entrevista a la Secretaría de Gobierno, pero no hubo respuesta. A diferencia del gobernador, en la conferencia mañanera del 8 de enero último, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto. Lo hizo para responder la pregunta de una reportera.

El mandatario reconoció la irrupción violenta de grupos armados y dijo que lo han hecho para controlar el paso de la droga por puntos de la frontera con Guatemala. Sin embargo, admitió no tener el dato de cuántas personas fueron desplazadas de la zona. “Son muy pocos”, aseguró.

Mientras López Obrador habla pausadamente desde el Palacio Nacional, Dora cree más en su fe. “Confiamos en Dios que se componga la situación porque queremos regresar a nuestras casas. Es triste. Porque años de vivir tranquilos y salir por esto es muy triste”.