ran poco después de las diez de la mañana cuando se escuchó a lo lejos un extraño zumbido en Plan Verde, comunidad de 150 habitantes enclavada en la sierra de Guerrero. Luego, una fuerte explosión. Pronto se supo que una granada había caído del cielo y abierto un boquete en el techo de la cancha de la escuela primaria, en ese momento vacía. Sus esquirlas alcanzaron la puerta de un salón ubicado a un lado, donde había niños que tomaban clase ese 31 de agosto de 2023.
Ahí se sembró el terror. “Nos espantamos, no sabíamos qué estaba pasando. Entonces agarré y, como pude, me llevé a los niños”, recuerda María Teresa Cerón, la única maestra de preescolar de la zona, quien debe atender los tres grados de la escuela, ubicada frente a la cancha de la primaria. Su salón está a 20 metros de donde cayó el explosivo. Se apresuró a reunir y resguardar a sus alumnos, que jugaban en el patio porque era la hora del recreo. Ningún niño resultó herido.
Fue un ataque con dron. Pero no fue uno más de los que la población de Plan Verde había vivido ya en ese mes de agosto, que consistieron en dejar caer artefactos explosivos en las inmediaciones de la comunidad. Este fue el primer ataque cometido directamente al centro del poblado.
Los drones con explosivos han obligado a los habitantes a huir despavoridos, incluidos bebés, niños y ancianos. “Salimos con lo que teníamos en la mano por el miedo, sin pertenencias. Pensamos que era la definitiva, que pues ya, hasta ahí nada más habíamos llegado, que iban a llegar personas armadas y nos iban a matar, a torturar a los niños”, relata la profesora. Propiedades y pertenencias se quedaron en los pueblos: vacas, cerdos, borregos, gallinas y perros.
Los drones equipados con bombas o granadas son la más reciente tecnología empleada por los cárteles mexicanos. En Guerrero, entidad del Pacífico sur de México, empezaron a utilizarse a partir de 2022, de acuerdo con registros de la prensa local.
En 2023, la organización criminal La Familia Michoacana multiplicó su uso contra la organización rival Los Tlacos, grupos de autodefensas, y contra la población de al menos 10 comunidades de San Miguel Totolapan (regiones de Tierra Caliente y Sierra), Heliodoro Castillo (Sierra), Cocula (Norte) y Petatlán (Costa Grande).
El propósito del uso de nuevas armas por parte de las organizaciones criminales es atemorizar a la gente o ejecutar órdenes de homicidios de personas que directamente están resistiendo procesos de dominio, explotación o control territorial, explica el investigador Gabino Solano Ramírez.
Solano es coordinador de la Maestría en Estudio de Violencias y Gestión de Conflictos en la Universidad Autónoma de Guerrero. También afirma que este recurso de los grupos “es una escala más en los instrumentos que se usan para generar el miedo. Todos los instrumentos son graves, pero puede ser más efectivo cuando el propósito es que la gente salga de sus comunidades por el miedo”.
En Plan Verde, que se caracteriza por sus casas de madera en medio de superficies de pasto verde, pinos, encinos y oyameles, la estrategia funcionó. Los pobladores caminaron durante tres horas, a menos de cinco grados centígrados y bajo la lluvia. Cruzaron senderos en el bosque, hasta los poblados de Las Máquinas, Chichalaco y Toro Muerto. Varios niños enfermaron de gripa y tos.
Algunas familias llegaron hasta la noche a la Estación Toro Muerto y se instalaron en la iglesia, con desplazados de cuatro comunidades vecinas. Otras familias se fueron más lejos: a Atoyac, Técpan, San Jerónimo y Acapulco. Sobrevivieron con la poca comida que les brindó la población y algunas despensas que les dio el Ejército.
Al enterarse de que ya había soldados patrullando en Plan Verde, algunos regresaron el 1 de octubre. Al día siguiente lo hizo la mayoría. Una decena de familias sigue refugiada, incluso en otros estados vecinos.
Comunidad de Lindavista, San Miguel Totolapan, en la sierra de Guerrero. Foto: Migel Dimayuga
Viviendas abandonadas por sus moradores luego de ataques con explosivos lanzados por drones en la comunidad de Plan Verde, San Miguel Totolapan, Sierra de Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga Meneses
Un poblador de Plan Verde en San Miguel Totolapan carga a su hijo pequeño mientras escucha el radio del sistema de vigilancia establecido por la comunidad tras el ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones. Foto: Miguel Dimayuga
Comunidad de Plan verde en San Miguel Totolapan en la sierra de Guerrero, una de las localidades que sufren ataques atribuidos a La Familia Michoacana en su pugna con Los Tlacos, otra banda delictiva de la región. Foto: Miguel Dimayuga
María Teresa Cerón, profesora comunitaria originaria de Plan Verde, encargada del único jardín de niños de la comunidad. Foto: Miguel Dimayuga
Un hombre sale de una casa en la Comunidad de Plan Verde, en San Miguel Totolapan Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
La parroquia de Plan verde en San Miguel Totolapan en la sierra de Guerrero, sin terminar porque parte de la población ha salido desplazada por temor. Foto: Miguel Dimayuga
En diciembre de 2023, habitantes de El Parotal, en la sierra del municipio de Petatlán, aseguraron un dron que cayó por una falla mecánica tras soltar una bomba.
7 de julio - Buena Vista de la Salud, Chilpancingo:
- Ataque a base de vigilancia de la autodefensa de la unión de pueblos y organizaciones del estado de Guerrero.
- Daño a la red de telefonía.
- No se reportaron víctimas.
3 y 8 de mayo - Nuevo Poblado Caracol, Heliodoro Castillo:
- Desplazamiento de más de 100 habitantes, la mitad de la población.
27 de julio - Linda Vista, San Miguel Totolapan:
- Desplazamiento de más de 200 habitantes.
10,13,14 y 26 de agosto - Nuevo Poblado Caracol, Heliodoro Castillo:
- Daños a viviendas, techado de una cancha, iglesia y mercado.
- 1 joven muerto por impacto en el abdomen de esquirlas de granada.
31 de agosto - Plan Verde, San Miguel Totolapan:
- Desplazamiento de 150 habitantes.
16 y 17 de noviembre - Acatlán del Río, Heliodoro Castillo:
- Cortes a la energía eléctrica.
- Daños a la escuela primaria.
- No se reportaron victimas.
29 de noviembre - El Parotal, Petatlán:
- Daños en viviendas y automóviles.
- No se reportaron víctimas.
4 de enero - Tetela del Río y Buena Vista de Los Hutado, Heliodoro Castillo:
- Tras el ataque con bombas hubo una incursión de civiles armados; autoridades hallaron 10 cadaveres calcinados.
“Andaba volando arriba y tiró una bomba”, narra uno de los habitantes de El Parotal, en un video que ha sido reproducido por varios medios de comunicación. El dron tuvo una falla mecánica después de enredarse en un árbol y por eso se desplomó. “La bomba cayó adentro de la casa, una bomba de lumbre, y él cayó afuerita de la casa”, cuenta.
Por las grabaciones recuperadas de las cámaras del dron, se dieron cuenta de que éste había sido usado para lanzar explosivos durante varios meses en las comunidades de esta zona de Petatlán, entre ellas a El Parotal y La Palma, según explicaron para esta investigación.
Al consultar empresas que fabrican este tipo de artefactos, así como a fotógrafos usuarios de estos equipos, se conoció que el modelo corresponde a un dron M350 RTK de la empresa china DJI. Esta firma es fabricante mundial de drones civiles y tecnología creativa para cámaras y describe dicho modelo en su página de internet. El artefacto opera a una distancia de 15 kilómetros, con poca iluminación, en zonas agrestes o de espesa vegetación. Además, resiste climas extremadamente fríos o calurosos.
Es considerado por DJI como un aparato ideal para la seguridad pública, aunque también se utiliza para otros fines: elaboración de cartografía, ingeniería forestal y obras de infraestructura. Logra un alcance de 450 metros de altura y puede cargar 2.7 kilogramos. También cuenta con una cámara con sensor de movimiento (visión nocturna).
En contraste, los explosivos que han expulsado los drones en Michoacán son de elaboración artesanal. Contienen balines, clavos y pedazos de fierro. Estas esquirlas se expanden de 10 a 20 metros y pueden perforar fácilmente techos o puertas de aluminio.
Son los que no tienen rostro, no tienen voz, y en ese anonimato continúan siendo violentados sus derechos. Y no hay ley que los ampare"
Uno de los habitantes de la comunidad de Plan Verde, Leonor Hernández Barragán, ruega ayuda a la gobernadora Evelyn Salgado y al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Tenemos miedo. Muchos han emigrado y mucha gente está sufriendo la violencia. Queremos vivir en paz para que nuestros niños tengan educación, porque, si esa gente llega, se cierran las escuelas y ya no nos visitan los médicos”.
El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), organización no gubernamental con sede en Guerrero que apoya a personas desplazadas, calcula que en los últimos siete años más de 30 mil personas de distintas localidades y municipios en el estado han sido víctimas de desplazamiento forzado interno.
La profesora María Teresa relata que los maestros dejaron de venir a Plan Verde por la violencia. Por esa razón, ella tuvo que capacitarse para dar clases a los niños de preescolar, que tuvieron que salir durante ese mes de la comunidad, por miedo a los criminales.
Ahora que los niños volvieron, le cuentan sus sueños. “Quieren ser doctores, militares y padres. Eso me motiva a seguir, con miedo y todo, pero pues aquí estamos”, dice la maestra, sentada en un pupitre de su salón de madera pintado de azul.
Algunos pueblos afectados por el desplazamiento forzado interno en Guerrero están situados en el llamado Cinturón de oro, un corredor de minas a cielo abierto, la mayoría de explotación de oro y plata; otros, sobre hectáreas concesionadas por el gobierno federal a empresas hasta después del año 2050. Unos más se ubican en reservas de bosque.
En agosto y septiembre de 2023, cinco comunidades de esa zona padecieron ataques, sobre todo con drones artillados, que obligaron a 500 personas a desplazarse.
Proceso recorrió dos de esas comunidades: Plan Verde y Linda Vista. Habitantes de esta última comunidad consideran que un motivo de los ataques es controlar las minas de oro en la zona.
Miguel Ángel Mijangos Leal es miembro de la organización Procesos Integrales para la Gestión de los Pueblos (PIAP) y desde hace una década estudia los cambios que causan las mineras en las poblaciones. Indica que con el avance de proyectos de exploración y operación con fines extractivos se agudizó la guerra entre grupos delictivos por el control de esas zonas, mientras la población queda condenada al desplazamiento o a la extorsión.
Para el sacerdote y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, este desplazamiento forma parte de una actividad “macrocriminal” para explotar los recursos minerales, hídricos, forestales y hasta la producción de enervantes, pues ha observado que, tras un episodio de desplazamiento, grupos externos se apoderan de esos bienes. Él dirige el Centro de Derechos de Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Desde su fundación en 2018, brinda acompañamiento jurídico, de salud y psicológico a víctimas de desplazamiento forzado.
Los explosivos que han expulsado los drones en Michoacán son de elaboración artesanal. Contienen balines, clavos y pedazos de fierro
Las minas pueden dejar “una rentabilidad muy grande, por la maquinaria, por los sindicatos, por la propia cuota que se le ponga a la nómina de los trabajadores, y esa es otra manera de obtener ganancias”, explica el religioso.
—Pero las minas siguen operando con normalidad, ¿cuál es el papel o la relación del crimen con las mineras?—, se le cuestiona.
—No es que el grupo del crimen organizado tenga interés en explotar, porque no tiene la tecnología ni el conocimiento. Ellos están aprovechando toda la industria que genera alrededor.
Velázquez considera que el desplazamiento se da por la intención de controlar la economía en torno a las mineras. Cuando llega una nueva concesión, los grupos criminales se hacen presentes en la zona para “negociar” las condiciones. Enfatiza que las comunidades desplazadas son víctimas de un sistema de injusticia. “Son los que no tienen rostro, no tienen voz, y en ese anonimato continúan siendo violentados sus derechos. Y no hay ley que los ampare”, reitera.
A fines de agosto de 2023, el sacerdote denunció públicamente que tres ataques con drones a la comunidad Nuevo Caracol, del municipio de Tlacotepec, en la cuenca del Río Balsas, dejaron dos muertos. Esto no fue confirmado por las autoridades.
Por su parte, Mijangos describe las tres principales estrategias de las mineras para entrar a estos territorios. La primera: convencen a la población al ofrecer soluciones para las necesidades que el Estado no satisface. Por lo común, sobornan a los representantes legales y agrarios de la comunidad para tener acceso a sus asambleas, donde ofrecen infraestructura, empleo y el pago de una renta por sus tierras.
La segunda estrategia es la violencia e intimidación. Miguel Ángel Mijangos asegura que cuando las comunidades rechazan las ofertas, algunas empresas utilizan al crimen organizado para doblegarlas. También refiere que hay casos donde empresas mineras compran tierras ejidales, lo que está prohibido.
“Y aunque luego pierden los juicios (en el Tribunal Agrario), ya ganaron tiempo, ya invirtieron y a los pueblos solo les queda negociar, aunque después no les cumplan”, dice Mijangos.
Aun si la comunidad gana el juicio, para entonces las mineras ya realizaron inversiones y destruyeron parte del territorio. La población se ve obligada a continuar el proyecto aceptando una renta anual por hectárea, concluye el experto.
Gil Hernández, un comisario de aspecto espigado y tímido, y Leonor Hernández Barragán, un poblador de más de 60 años, guían al equipo de esta investigación entre viviendas abandonadas de Plan Verde. Las puertas están cerradas; las galeras, vacías. En algunas casas aún deambulan cerdos flacos o patos que buscan refugio bajo las construcciones de madera.
Leonor, que ha visto crecer a tres generaciones en Plan Verde, expresa su temor de que el lugar se convierta en un pueblo fantasma controlado por los grupos criminales: “La gente tiene mucho miedo por las bombas que echan. Ya le tiraron al techado de la escuela y pueden seguir con las casas”, comenta. Reconoce que hay quienes piensan en huir de nuevo, aunque en Plan Verde un grupo de hombres con rifles de asalto cuida el territorio.
Los comisarios de 66 comunidades se dijeron dispuestos a defender con su vida a sus familias, su territorio y los bienes naturales. Por ese motivo se armaron como autodefensas. Incluso, repelieron un ataque armado el 30 de agosto y detuvieron el ingreso de sicarios de La Familia Michoacana.
Después de visitar Plan Verde, el equipo acudió a Linda Vista. Es una comunidad que se ubica en el corazón helado de la sierra, a dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, entre las regiones Costa Grande y Tierra Caliente.
El acceso es por Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande. Hay que subir por los retazos de una carretera y un camino de terracería destruidos por el tiempo y la lluvia. Es un viaje de 132 kilómetros, ocho horas a bordo de una vieja camioneta de ruta tipo van.
El camino se vuelve más frío, lluvioso y accidentado a cada kilómetro. “¿Por qué se arriesgan a ir hasta allá?”, pregunta al equipo una pasajera. Es una maestra de la zona que, con una decena de colegas, se dirige en la van a sus escuelas. Los maestros cuentan que dejaron de subir todo septiembre porque se enteraron en los noticieros de que las inmediaciones de sus centros educativos se habían convertido en campo de batalla.
Ya en la comunidad, los pobladores son amables y la autoridad ofrece buen trato. Pero el miedo de que en cualquier momento se presente un nuevo ataque armado cala igual que el frío imperante.
Comunidad de Lindavista, San Miguel Totolapan en la sierra de Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Dos mujeres caminan por una calle de Lindavista, San Miguel Totolapan, en la sierra de Guerrero, una de las localidades cercadas por la delincuencia. Foto: Miguel Dimayuga
Una barricada fue colocada en el acceso del camino que proviene de la costa grande por los pobladores de Lindavista, luego de que hombres armados han atacado este poblado. Foto: Miguel Dimayuga
Un convoy militar recorre las calles de Lindavista, San Miguel Totolapan, en Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Un grupo de niños observa la procesión del santísimo sacramento en Lindavista, San Miguel Totolapan, Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Peregrinación del santísimo sacramento en Lindavista, San Miguel Totolapan, Guerrero, una de las pocas celebraciones donde la población continúa reuniéndose. Foto: Miguel Dimayuga
La banda de música se preparara antes de las celebraciones por el santísimo sacramento en Lindavista, San Miguel Totolapan, Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Un sacerdote muestra el santísimo sacramento durante la misa en Lindavista, San Miguel Totolapan, Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Un grupo de mujeres preparan comida por el festejo del santísimo sacramento en Lindavista, San Miguel Totolapan, Guerrero. Foto: Miguel Dimayuga
Un poblador trabaja en una calle de Lindavista, San Miguel Totolapan, en la sierra de Guerrero, comunidad que sufre la pugna entre los grupos criminales de La Familia Michoacana y Los Tlacos. Foto: Miguel Dimayuga
Linda Vista no esconde su origen. Desde que los adultos vieron la luz, ya se cultivaba la amapola, hasta que el precio de la goma de opio cayó en 2021. Hoy buscan subsistir con la siembra de aguacate, durazno y maguey.
Una reciente refriega armada entre integrantes de La Familia Michoacana y la población causó la suspensión del transporte público por un mes, así como de las clases en las tres escuelas. Estos servicios sólo se reanudaron cuando arribó un destacamento de militares. Quienes no regresaron fueron el médico y los dos asistentes que atendían la Casa de Salud Pública. Por eso continúa cerrada y los servicios de salud se ofrecen en una clínica privada.
Un mapeo elaborado por la organización PIAP, con base en información de la Secretaría de Economía, muestra que el corporativo Exploraciones Mineras Parreña posee en Linda Vista una concesión minera vigente, en una superficie de dos mil 91 hectáreas con el título 237217.
En el municipio de San Miguel Totolapan, Exploraciones Mineras Parreña tiene la concesión de 27 mil 53 hectáreas con vigencia hasta 2062. Es una filial de la empresa Fresnillo PLC, que pertenece a la poderosa familia Bailleres. Esta, de acuerdo con Forbes, tiene la cuarta fortuna más grande del país y es propietaria de minas, tiendas departamentales y compañías de seguros.
Pese a la situación, la localidad –de unos mil habitantes– es todavía un pequeño centro de comercio para las comunidades vecinas. Hay una tienda de abarrotes surtida, ropa, calzado, fichas de internet, una cocina económica, una farmacia, expendio de gasolina y transporte con una salida al día para la Costa Grande.
Las autoridades de Linda Vista creen que una posible causa de los ataques que los han orillado a salir es que este pueblo busca constituirse como un nuevo municipio. Alegan que están lejos de la cabecera de San Miguel Totolapan, que es la sede de todos los servicios del gobierno, y no llegan salud ni educación de calidad, tampoco el presupuesto para obras públicas o caminos.
Una posible causa de los ataques que los han orillado a salir es que este pueblo busca constituirse como un nuevo municipio
Por esto, en 2022 conformaron un comité de seguimiento y las actas de adhesión de 17 comisarías, pero les hace falta un acta donde el cabildo de San Miguel Totolapan acepte que esta comunidad se separe.
Eudocio Barragán, líder de la comunidad y gestor del proyecto, sostiene que el ayuntamiento de San Miguel Totolapan no está de acuerdo con la separación de Linda Vista: “De ahí se nos viene una ola de amenazas, a tal grado que hace tres meses se agrava la situación. Nos empiezan a tirar explosivos con drones”.
El cabildo no se opone a la creación de nuevos municipios, como lo pretende hacer Linda Vista, asegura el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, quien niega haber amenazado o atacado a la comunidad. Sin embargo, asegura que en el proyecto hay anomalías, como contemplar puntos de la región que no tienen viviendas ni son localidades.
Vázquez fue nombrado alcalde interino el 17 de noviembre de 2022, luego de que el 5 de octubre de ese año presuntos integrantes de la organización delictiva La Familia Michoacana asesinaron al alcalde Conrado Mendoza Almeda, a su padre, que también había sido alcalde, y a 18 personas más.
La gestión para la creación de Linda Vista como nuevo municipio y su separación de San Miguel Totolapan, asegura el alcalde, está en manos del Congreso del estado. Sin embargo, el mismo Congreso informó para esta investigación que el trámite está detenido debido a la violencia criminal que se vive en ese municipio de Tierra Caliente.
Por toda esta situación, la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, no duda en decir que en la Sierra de Costa Grande “se está viviendo una guerra civil”.
