n 2017, María presenció el asesinato de su esposo. Un grupo armado lo bajó de la camioneta en la que viajaba. Lo asesinaron frente a ella y sus hijos. “No pude hacer nada, no pude hacer nada”, alcanza a decir. Hasta que llegó el ministerio público levantaron el cuerpo. “Ahí me quedé con mis dos hijos”, cuenta. Pero el miedo la alejó de su pueblo. María dejó su hogar en la comunidad de El Saucillo, zona de difícil acceso en lo alto de la sierra de Concordia. “No me traje nada, porque ya no me permitieron devolverme para atrás”, dice.
Este homicidio y muchos ocurridos en enfrentamientos de grupos del crimen organizado siguen impunes. Junto a esta región del estado de Sinaloa, en el norte de México, los municipios de Choix y Sinaloa padecen el desplazamiento forzado por la violencia del narcotráfico. En todos ellos hay fuerte presencia del Cártel de Sinaloa. María es una de las más de 70 mil personas desplazadas por la violencia en comunidades serranas de Sinaloa.
Desde 2014, en la zona de Concordia comenzó el peregrinar de comunidades enteras.
Tan solo durante agosto de 2023, de esa región salieron más de 600 personas de 19 comunidades rurales que tuvieron que bajar de la sierra hacia el municipio de Salvador Alvarado.
Controlar la sierra es importante porque allí están asentadas comunidades que colindan con Durango y Chihuahua. A la zona se le conoce como Triángulo dorado, debido a que es el sector donde en los años 70 había grandes cantidades de sembradíos de marihuana y amapola, además de que ha sido cuna de varios de los más conocidos narcotraficantes, como Rafael Caro Quintero, Miguel Félix Gallardo y el mismo Joaquín Chapo Guzmán.
Y aunque el negocio es diferente ahora, porque de los sembradíos se está pasando a la producción de droga sintética, sigue siendo un lugar privilegiado para el crimen organizado. Eso es por su difícil acceso, pues puede ocultar campamentos, esconderse de las autoridades o contar con vías de paso para el trasiego de droga.
El gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), responsable de atender esta problemática, tiene un registro oficial de tres mil 100 desplazados, con corte al 31 de diciembre de 2023. El 90% son personas que dejaron sus comunidades por hechos violentos.
Pero datos recabados por la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), para una investigación encabezada por el investigador Omar Mancera González, indican que el problema es mucho mayor: son nueve mil familias desplazadas por la violencia en el estado.
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María se fue a vivir a Mazatlán. Con una mínima preparación y muchas necesidades, busca sacar adelante a su familia con una pequeña tienda de abarrotes. Su condición de desplazada conlleva otras desventajas. No solamente es discriminada, también se siente en riesgo de ser perseguida por quienes asesinaron a su esposo.
Los sierreños habitan Mazatlán. Todos desperdigados en la periferia. La comunidad entera se disipó entre lugares vecinos, la mayoría en el puerto, y otros más al sur en el municipio de Rosario. Sin un hogar buscan dónde asentarse, son discriminados.
Mazatlán es el puerto más importante del Pacífico mexicano. Este municipio, además, es conocido por su turismo y glamour. Sin embargo, aquí confluyen dos tipos diferentes de ciudad: el malecón con sus bares, discotecas y atracciones, y la periferia caracterizada por alta marginación, colonias irregulares con carencias de servicios y viviendas precarias, donde se han asentado las personas desplazadas por uno de los grupos criminales más poderosos del mundo: el Cártel de Sinaloa.
Durante el sexenio del gobernador Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) se creó un programa para la construcción de casas en comunidades que sufren violencia, como Choix, y para la gente desplazada que, como María, llegó a Mazatlán. Esos hogares fueron edificados por la Comisión de Vivienda del estado.
Quirino entregó 50 casas de la colonia CVIVE el 28 de agosto de 2021. Una de ellas le tocó a María. Pero no tiene luz ni agua. El gobierno ya no se hizo cargo de instalar estos servicios. Ella y sus vecinos han permanecido así desde más de año y medio. Las carencias saltan a la vista. Los desplazados se sienten engañados y robados en su nuevo hogar, denuncia la mujer.
María explica que hay días en que se siente insegura por ser de las vecinas que ha señalado las presuntas irregularidades de Miguel Ángel Gutiérrez, líder de una organización llamada Movimiento Amplio Social Sinaloense (MAAS). Señala a este activista por mentir, defraudarlos y amenazarlos. Asegura que les pidió apoyar con su voto al actual gobernador Rubén Rocha Moya, de Morena. Otros vecinos de la colonia CVIVE en Mazatlán también denuncian amenazas en su contra, pero nadie hace nada.
Por ello, María teme que la violencia otra vez la alcance. Pero confiesa que se tienen que quedar porque volver a El Saucillo no es una opción debido a la violencia que se vive en ese lugar. Su caso refleja la situación a la que se enfrentan muchos de los desplazados.
Roberto tiene 53 años. Está sentado en una banca de madera junto a su pareja Fita, de 47. A su familia la integran 12 personas, entre sus hijas, hijos y nietos. Su historia también es muestra de la situación que padecen muchos desplazados en el puerto. Todos salieron de la comunidad La Petaca, en la sierra de Concordia.
Comenzaron su éxodo de la sierra de Concordia por la violencia y a la fecha no han logrado tener paz. De esto da cuenta Fita: “Corrió la versión de que al que hallaran ahí los iban a matar a balazos”. Así la explicación. Llana. Seca. “Si te quedas, te matan a tiros”, dice.
Cuando huyeron, Roberto y Fita llevaron consigo apenas un puño de documentos y salieron rumbo a Mazatlán con su familia. Pero en su nuevo destino también se toparon con dificultades: “Cuando recién llegamos nos dieron como unas tres despensas, nada más… Fracasamos (al venir a Mazatlán) porque un niño que ‘tráibamos’ aquí tuvo un accidente”, cuenta Fita.
En marzo de 2018, su hijo falleció atropellado en el ejido Urías, colonia ubicada en las periferias donde rentaban en ese momento. Tras el hecho regresaron a La Petaca, pero el miedo de nuevo los echó de su pueblo y regresaron a Mazatlán. Una vez en la ciudad, se unieron a grupos de damnificados por el crimen y comenzaron trámites para buscar un terreno, una casa. Alguien les habló de un proyecto mediante el cual les brindarían techo a los desplazados por la violencia. Pero fue mentira.
Roberto y Fita cuentan que había reuniones bajo un tejabán en las cuales Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez les prometía ayuda a los desplazados. Les cobraban 50 pesos (3 dólares) por acudir a esos encuentros. La cuota se mantuvo, pero de manera mensual.
Eran al menos 300 los asistentes, todos víctimas de desplazamiento. La cuota, les decía el hombre, era para los trámites de un nuevo hogar que el gobierno de Sinaloa brindaría a las familias en esta situación. Pero Roberto y Fita ya no continuaron asistiendo por falta de recursos.
Miguel Ángel Gutiérrez se identifica como un activista que apoya a colonias populares a través del MAAS para que cuenten con servicios públicos y como líder de desplazados del sur del estado. En 2017, comenzó a tomar notoriedad al nombrarse activista en pro de los afectados por la narcoviolencia y de quienes padecen condiciones precarias. Sin embargo, terminó perdiendo la confianza del grupo de desplazados que supuestamente ayudaba, pues ofreció gestiones que no a todos cumplió.
El 30 de noviembre, un grupo de vecinos desplazados se reunió en la colonia con el alcalde Édgar González y ahí acusó a Gutiérrez de fraude y amenazas, así como de dar viviendas a personas que no las necesitan y de incluso cometer “cobro de piso”, una forma de extorsión.
La secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral, dice que no se han formalizado denuncias en contra de él, y que las personas supuestamente afectadas deben presentarlas ante la Secretaría de Gobierno. “Ojalá pudieran denunciar para, desde el gobierno del estado, poner orden ahí”, añade la funcionaria.
Sobre las acusaciones, Gutiérrez respondió para esta investigación: “Si alguien tiene una denuncia cívica contra mí, pues que haga la denuncia correspondiente ante las autoridades, pero hasta ahora no la han hecho”. Aseguró que se trata de calumnias, aunque reconoció que tiene un proyecto político con el partido oficial Morena.
El 5 de marzo, Morena dio a conocer que Miguel Ángel Gutiérrez fue designado candidato en la lista de diputados al Congreso del Estado por la vía de representación proporcional; es decir, que no tendrá que hacer campaña sino que será electo por la votación total que obtenga el partido.
Al final, Roberto y Fita encontraron una opción para hacerse de una vivienda en la colonia Rafael Buelna, un barrio de invasores de terrenos en el sector sur de Mazatlán. Habitan una casa de madera y láminas. Pese a lo rústica, se advierte sólida. La levantó él mismo, antes de que su salud se deteriorara por la diabetes.
La construcción forma parte de un conjunto de casas a un costado de las vías del tren. Todas habitadas por personas de escasos recursos. Las máquinas tragamonedas y la venta de droga en dispensarios ilegales son comunes en este lugar. Ese es otro giro que también controla el Cártel de Sinaloa.
Además, constantemente ven jóvenes en motocicletas. Se les conoce como halcones o punteros, porque tienen como tarea asignada por el cártel supervisar lo que sucede en el entorno. Nadie entra o sale sin que ellos lo sepan. En dos ruedas recorren diferentes puntos de la zona y dan aviso a sus superiores en caso de alguna movilización de las fuerzas de seguridad.
La ausencia de autoridades es suplida con los ojos de estos muchachos del crimen organizado. La mayoría de estos halcones tiene la aspiración de subir en el engranaje de la organización delictiva y dejar la colonia de miseria de la cual provienen.
Sinaloa es cuna y da nombre al cártel, organización criminal de alcance multinacional que ha sido liderada por Joaquín Chapo Guzmán, y que, pese al encarcelamiento de éste en una prisión de los Estados Unidos, mantiene el control en todo el estado.
Durante generaciones, este grupo ha controlado la zona serrana, sitio de máxima influencia del mismo Chapo, y en donde el negocio de la siembra de mariguana ha ido evolucionando a la manufactura de drogas sintéticas en laboratorios que en esa región de difícil acceso pueden funcionar en la clandestinidad.
Por eso la importancia de mantener el sector bajo control, incluso a costa de barrer con la población de comunidades enteras, como explica el investigador Juan Antonio Fernández, profesor investigador adscrito a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz.
La población se desplaza por coacción de grupos externos que emergen de la clandestinidad y buscan controlar los espacios donde está presente su influencia”
Mientras que el sociólogo e investigador en temas de violencia estructural por la UAS, Juan Carlos Ayala Barrón, añade que también se da un reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado a las juventudes serranas. “La leva es el forzar a los jóvenes a incorporarse a las filas del crimen organizado y pues muchas familias han optado por mejor abandonar sus tierras porque ven un peligro en sus hijos y aparte que puedan caer en el consumo de drogas”, explica.
Fita dice que no quiere regresar a Concordia. No tiene caso. Para ella el pasado quedó atrás. “Siempre extraña uno su terreno, pero la situación va de todo muy triste para nosotros porque nos tuvimos que salir, nomás nos dijeron ‘se tienen que salir’, a nadie quieren aquí en el pueblo y pues toda la gente se salió”.
También cuentan que algunos vecinos decidieron volver.
“Dijeron que valía más morirse allá que seguir sufriendo en Mazatlán, porque mucha gente allá está y asegura que todo se aplacó un poquito. Para muchos es peor sufrir aquí el calorón, entre otras cosas, y mejor mucha gente se regresó. Si los mataban allá, ni modo, porque ya habían sufrido mucho aquí”.
Fita lo perdió todo. De sus cuatro hermanos, dos fueron asesinados durante los hechos violentos en la sierra de Concordia. No se quisieron salir. No se metían con nadie, pensaron que estarían a salvo, pero no fue así. Tiempo más tarde su madre murió también, producto del deterioro en su salud que le atribuyen al desplazamiento y a la pérdida de sus hijos.
En Mazatlán, trabajan en una empresa empacadora de atún. Apenas sale para los gastos diarios. Explican que dejaron su pueblo por miedo. Ahora, en la colonia Rafael Buelna, lo que viven es resignación.
Fita siente que fracasaron.
“No fue fácil para nosotros todo lo que hemos pasado y fracasar. Hemos sufrido de todo”. Por eso, insisten, volver no es una opción.
