Sierra
guerrerenseLa desgracia no cesa, sólo se recicla

ientos de personas de la Sierra de Guerrero fueron obligadas por el narco a dejar sus casas en 2018. Aquella primera ocasión en que fueron desplazados ocurrió cuando un grupo de civiles armados llegó a asentarse en la comarca.

Los amenazaron con llevarse a las mujeres como cocineras para sus ejércitos y a los hombres con colgarles un arma para ponerlos a su servicio. La mayoría prefirió dejar sus casas a los criminales. De lo contrario, hubieran tenido que someterse a una vida amenazada.

Esas comunidades serranas están asentadas a dos mil metros de altura sobre el nivel del mar. Son las cumbres de los cerros más altos de 14 municipios del estado, y quedan muy alejadas de las cabeceras municipales.

La cordillera más alta está conformada por un denso bosque, el cual es saqueado para extraer madera. También es el escenario de otros tantos trabajos difusos entre la legalidad y la ilegalidad. Los grupos criminales que imperan en esa región son Los Tlacos y el denominado Cártel de la Sierra.

Salo, mujer de 38 años, bajita y robusta, y su esposo huyeron de la comunidad serrana Campo de Aviación. También salieron su único hijo, un adolescente que ya era padre; su nuera; su nieto de ocho meses, y su hermana .

Asistidos por el Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, conocido como Centro Morelos, se asentaron en Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo. Ahí, como víctimas de desplazamiento forzado, se refugiaron junto con unas mil 800 personas del corredor de la Sierra Madre del Sur, que cruza por la zona centro del estado.

Los padres y los suegros de Salo decidieron quedarse en la Sierra, junto con otras personas de su edad que también se resistieron a salir. Son adultos mayores y se negaron a dejar su casa. Salo volvió a tener contacto con ellos a los dos años de que salieron, cuando civiles armados les permitieron usar un teléfono. “Ellos no pueden bajar, mucho menos nosotros podemos subir” por el riesgo de ser interceptados por los criminales, cuenta.

Sin embargo, en Chichihualco, cuando las familias aún no acababan de rehacer su vida, la violencia de la que huyeron las encontró por segunda vez. Eso fue en junio de 2023. Comenzaron enfrentamientos entre civiles armados que alcanzaban a personas que cruzaban por la calle. Los episodios más cruentos comenzaron a ser reportados por la prensa local de Guerrero hasta agosto.

Desde entonces, las actividades son canceladas entre cinco y seis de la tarde. El transporte público también deja de funcionar a esa hora. En el mercado municipal, los comerciantes cierran sus puestos como máximo a la dos de la tarde, y los campesinos disminuyen las visitas a sus siembras porque temen toparse con los comandos. Tampoco hay trabajo.

Las balaceras en las calles de esta localidad, ubicada apenas a unos 40 minutos de la capital de Guerrero, Chilpancingo, son continuas. Los tiroteos inician en la madrugada y terminan hasta la mañana siguiente.

Las escuelas de Chichihualco están cerradas desde que comenzó el ciclo escolar, en septiembre pasado y los niños y adolescentes reciben educación a distancia. No han logrado reanudar actividades presenciales, informaron pobladores para esta investigación. “Todo está de cabeza”, acota Salo.

Lo que ahora pasa en Chichihualco removió en Salo sensaciones que ya había conseguido aplacar. “Nos hizo revivir todo lo que pasamos cuando nos desplazamos” desde Campo de Aviación, la joven mujer. Además, dice que esta situación los enfrentó a nuevas amenazas y a la disyuntiva, nuevamente, de quedarse o de salir a buscar un nuevo refugio.

Las personas que son forzadas a abandonar su terruño pierden todo de un momento a otro. Se van de su casa con lo que llevan puesto. Sepultan su lugar de origen y la única vida que conocen. “No es que te vas a desplazar porque tú quieras, es porque tienes que hacerlo”, dice Salo.

Podrán sobrarle los motivos para dejar su casa nuevamente, como ya lo hicieron algunos de sus vecinos. Pero se resiste a huir, porque hacer de ese espacio alquilado su nuevo hogar implicó un largo proceso de adaptación. “Es muy triste, la verdad. Es algo que no se le desea ni a tu peor enemigo”, reflexiona.

Agresiones policiales

La decisión de quedarse ha significado un alto costo para Salo y los otros integrantes de su familia. Aseguran que hay días en que no comen porque no pueden salir de casa. Aventurarse a buscar alimentos en medio de balaceras o después de ellas, dicen, es como lanzar una moneda al aire: una cara es la vida y otra la muerte.

Las autoridades locales explican la causa de lo que ocurre en Chichihualco como lo hacen siempre: desde la narrativa de una disputa por territorio. En esa lógica, el mapa institucional del gobierno estatal advierte de la presencia de los grupos criminales Los Tlacos o Cártel de la Sierra, y de remanentes del Cártel del Sur, ahora disminuidos, porque quienes cobran fuerza en la zona Centro del estado son Los Ardillos, según un mapa criminal institucional.

Pero la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra, observa otro patrón detrás de la violencia en Chichihualco, asociada a la falta de reparación de daños a los desplazados de la Sierra. “Cada vez que hacemos un reclamo, hay amenazas; cada vez que hay exigencias, hay amenazas, y no solamente para las víctimas, también para mí”, denuncia.

Afirma que en los hechos violentos en Chichihualco han participado de manera directa policías municipales de Leonardo Bravo. El Centro Morelos tiene documentado que una integrante de las familias de desplazados fue herida de bala en el brazo izquierdo durante una de las refriegas recientes.

En un pronunciamiento público en 2020, organizaciones no gubernamentales agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” denunciaron también agresiones hacia integrantes del Centro Morelos, como Teodomira Rosales, y una campaña de criminalización en su contra por acompañar a las familias desplazadas de Leonardo Bravo y por exigir a las autoridades que cumplan los compromisos para una estancia digna de estas familias en Chichihualco.

Hasta finales de 2023, el Centro Morelos acompañaba a 350 familias que quedan en Chichihualco de ese grupo de desplazados que llegó hace cinco años de la Sierra. De estas, unas 50 han vuelto a desplazarse por miedo, muchas de ellas a otras ciudades de Guerrero o de fuera, y a pedir asilo político a Estados Unidos.

La organización logró que el 29 de septiembre de 2023 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la recomendación 171/2023, donde reconoce a 171 familias de Leonardo Bravo y Zitlala como víctimas de desplazamiento forzado interno, aunque no todas han recibido apoyo. Y continúa en el trámite de sumar a más.

Ese reconocimiento es uno de los primeros casos que ocurre en el país. Significa que el Estado mexicano debe garantizarle una reparación del daño al grupo de desplazados. Ello incluye la reubicación, que puede ser en Chichihualco o en otro lugar. Sin embargo, debido a que los gobiernos locales se negaban a aceptarla, no han ingresado al registro. El Estado no ha cumplido con esa reparación.

Rosales Sierra explica que, al principio, las familias planearon que su reubicación fuera en Chichihualco, pero ahora piden un terreno fuera de Guerrero.

Entre tanto, Salo y su familia siguen viviendo en Chichihualco. Sobreviven con el apoyo económico que les entrega la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para renta y una despensa, que es distinto para cada familia y lo máximo son ocho mil pesos. Esto se logró después de esperar e insistir para que el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) incluyera a unas 80 familias de desplazados de Guerrero.

“Lo que siempre hemos pedido es que nos reubiquen ya. Ser reubicados, tener nuestro hogar y ya olvidarnos de todo lo que hemos vivido”, insiste.

Promesas de gobierno

Jesenia Barragán Bruno y su familia también forman parte del grupo de desplazados de la Sierra. Pero, a diferencia de Salo, se mudaron a Chilpancingo, la capital del estado, porque no soportaron la violencia que ahora vive Chichihualco.

Salió de allá a principios de noviembre. Ha permanecido en la casa de la pariente de una cuñada, que también se desplazó a Chilpancingo. Se siente incómoda por estar en un lugar ajeno con sus tres hijos, dos de ellos pequeños. Necesita trabajo para alquilar un lugar.

En su nuevo desplazamiento la invade otra vez la incertidumbre que vivió en 2018 cuando salió de Los Morros, en Leonardo Bravo, su lugar de origen. Recuerda que, en esa ocasión, había viajado a Cuernavaca, Morelos, para atender un compromiso personal, pero a su regreso ya no pudo llegar a su casa: todos sus familiares estaban en el auditorio municipal de Chichihualco durmiendo en calidad de desplazados.

Ahora, con los enfrentamientos armados que también ocurren en Chilpancingo, en ella y en sus hijos creció el desasosiego. “Yo tengo mi niño, el más chiquito, de nueve años, y está espantado, porque solamente escucha los balazos y despierta rápido y se sienta o se para, pero bien espantado. Y me dice: mamá, ¿qué es? ¿Son balazos o son cuetes?”.

Por ser la capital de Guerrero, Chilpancingo concentra a burócratas de todos los poderes locales y a la mayoría de estudiantes de las universidades públicas y privadas del estado. Eso eleva los precios de casi todo.

Jesenia ha visitado algunos lugares pensando en alquilar para dejar la casa donde ahora se refugia, pero los que cubren sus necesidades le resultan caros. Con mil 500 pesos (90 dólares) rentaba en Chichihualco una casa completa, pero aquí sólo le alcanza para un cuarto. Además, debe pagar servicios como el abastecimiento de agua, uno de los problemas más graves en la ciudad. Pagar por agua para alguien que vivió en la Sierra es inconcebible, porque allá es abundante y no hay gravámenes.

Jesenia es parte de un grupo de familias que aún no acceden al apoyo de la CEAV (270 familias que esperan ser inscritas en el Registro Nacional de Víctimas). Debe trabajar para mantener a sus hijos, porque su exmarido y padre de sus hijos sólo le colabora con 500 pesos (30 dólares) cada cierto tiempo.

El día de la entrevista para esta investigación, llegó a la oficina del Centro Morelos, en Chilpancingo, en diciembre de 2023 para conocer del avance de las gestiones que hace la organización civil para que las instituciones del Estado garanticen la reparación del daño a todos los desplazados de su grupo.

Ese día estaba lista para entrevistarse con una mujer que la citó en el mercado municipal para ver si le daba empleo como trabajadora doméstica. Por ello, se había soltado su largo cabello negro y pintado los labios del color salmón de su blusa.

Para Rosales, los motivos generadores del doble desplazamiento son claros, porque entre más exigen reparación de daños, los riesgos crecen. “Lo que hace el gobierno es amenazar o mandar a amenazar para que las víctimas se vayan por su lado y ya no se les repare el daño y ya no hagan nada”, denuncia.

Al respecto, para esta investigación se solicitó al área de comunicación social una entrevista con el titular de la Secretaría de Gobierno. La dependencia respondió que no era posible por cuestión de agenda. No obstante, entregó una tarjeta en la que informa que tiene un registro de 695 familias desplazadas de nueve municipios. En total son 2,366 personas desplazadas. Identifica, como causa principal del desplazamiento, “la violencia generada por grupos delictivos en su afán de apropiarse de los recursos naturales y de los territorios en determinadas zonas del estado”.

Con respecto a las familias desplazadas en Chichihualco, la dependencia indicó que cada mes les entregan canastas con despensas. Además, reciben visitas del personal de distintas dependencias que forman parte del Programa estatal para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno en el estado. Estos funcionarios “entregan apoyos emergentes y asistencia humanitaria” que consiste en consultas médicas, entrega de medicamentos, atención psicológica, material educativo, de limpieza, cobertores y otros.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno informa que la gobernadora Evelyn Salgado aceptó la recomendación emitida por la CNDH y que próximamente –sin precisar plazos– se ofrecerá una disculpa pública a las familias, las inscribirán en el padrón de víctimas y se trabajará con varias dependencias para usar programas sociales para atenderlas. En el documento no se hace referencia al origen de la violencia en Chichihualco.

Mientras, muchos habitantes del grupo de desplazados aún no deciden qué hacer ante el nuevo escenario de riesgo. Es el caso de Ana, quien pidió ser identificada con un nombre ficticio. Ella viaja a Chilpancingo cuando las cosas se complican en Chichihualco.

Viaja en auto con su madre, una adulta mayor, y le piden hospedaje a su hermana. Regresan a Chichihualco hasta que las balaceras paran y vuelven a salir cuando resurgen. Viven solas, porque en estos cinco años su familia se desintegró: sus hijos, sobrinos y hermanos viven fuera del estado; los últimos salieron de Chichihualco entre junio y noviembre a pedir refugio en Estados Unidos. A otros familiares los mataron o desaparecieron.

El 25 de septiembre de 2020, su “hermanito”, como llama al menor de su familia, tuvo la osadía de subir a su pueblo para ver cómo estaba la casa que dejaron y ya no volvió. En ese momento, tenía 33 años. Hallaron la camioneta en la que viajó abandonada en el camino de terracería de Izotepec a Yextla, en la Sierra donde se conecta Leonardo Bravo con Heliodoro Castillo.

Ana cuenta que es de mucho dolor andar de un lugar a otro, porque pierden todo. “Ya estamos solos, la familia se desintegra completamente. Unos le dan para un lado, otros están por otro; nosotros con mis hermanos estamos todos regados”. Volver a experimentar otro desplazamiento sume en la tristeza a estas mujeres, pero juntas abrazan la posibilidad de que las autoridades les cumplan con la reubicación.