MichoacánCoahuayana, un oasis de esperanza

esde hace una década, grupos de autodefensas combaten células del crimen organizado que operan en Michoacán. Estas son guardias comunitarias civiles armadas que surgieron para hacer frente a los delincuentes. Bajo su resguardo, Coahuayana se ha convertido en refugio, un espacio de contención para familias que se han visto obligadas a escapar de sus comunidades para salvar sus vidas.

Las personas “llegan aquí destrozadas, pues a algunas les mataron un hijo, las amenazaron y expulsaron de sus casas con lo que traían puesto. Vienen sin nada. En algunos casos ni siquiera pudieron rescatar sus documentos importantes, mientras que las instituciones no están respondiendo para apoyarlas, al menos, con un albergue. Las tienen abandonadas”, dice Héctor Zepeda Navarrete, jefe de las autodefensas en ese lugar.

Algunas de las organizaciones delincuenciales que han sido identificadas en esta región por las autoridades son La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como otros grupos aglutinados bajo la denominación Cárteles Unidos.

Quienes huyen lo hacen porque están bajo amenaza, ya no pueden pagar los crecientes montos de las extorsiones, han sufrido algún atentado o secuestro, así como la desaparición o el asesinato de algún ser querido. Provienen de territorios donde operan más de diez cárteles, que lo mismo trafican droga, extorsionan a productores de limón y aguacate, cobran piso a comercios y controlan el abasto de alimentos, encareciendo el costo de la vida.

Provienen, principalmente, de poblaciones de las regiones de Tierra Caliente y Sierra-Costa, entre ellas Chinicuila, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista y Apatzingán, así como de los estados de Guerrero y Colima.

Con una población de 18 mil habitantes, esta es una de las muy pocas localidades michoacanas que mantienen importantes niveles de seguridad. Eso, en un estado cuya crisis de violencia lo coloca como el de mayor número de víctimas de desplazamiento forzado de los últimos años, de acuerdo con el monitoreo de organizaciones no gubernamentales.

Según bases de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia en esta entidad ubicada en la zona Centro Occidente de México, ha dejado 16 mil 185 personas asesinadas entre los años 2016 y 2023. En contraste, informes anuales de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos colocan a Michoacán como el estado con el mayor número de personas desplazadas en el país durante el mismo periodo, con un total de 29 mil 829, seguido por Chiapas y Guerrero.

En su “Diagnóstico de la movilidad humana en Michoacán”, la Secretaría de Gobernación federal admite que no existen datos ni registros oficiales sobre desplazamiento forzado interno, aunque advierte que en esta entidad “se han atestiguado situaciones de violencia y la comisión de diversos delitos que se agudizan en algunas regiones, particularmente en Tierra Caliente y la Costa, generando situaciones de desplazamiento debido a la búsqueda de conservar la vida e integridad por parte de las personas afectadas por estos fenómenos”.

Refugio en medio de la violencia

En una de las principales avenidas de la cabecera municipal de Coahuayana se encuentra la Glorieta de la Paz. Ahí destaca una estatua en honor del mártir local Julio Zepeda Navarrete, asesinado el 13 de enero de 2014 cuando gestionaba la ayuda del gobierno para combatir a los grupos criminales.

En esa misma época, bajo el azote del crimen organizado y desesperados ante la falta de garantías de seguridad a la población por parte de las autoridades, habitantes de diversas zonas de Michoacán se organizaron y conformaron estos grupos de vigilancia denominados “autodefensas”.

El homicidio de Julio fue la gota que derramó el vaso y provocó que el pueblo se levantara en armas, cuenta su hermano Héctor Zepeda, ahora conocido como “el comandante Teto”. Los principales brotes se dieron en 2013, como respuesta al avance del grupo delictivo Los Caballeros Templarios en los municipios de las regiones de Tierra Caliente y Costa-Sierra, donde los líderes de autodefensas fueron José Manuel Mireles Valverde e Hipólito Mora, ambos fundadores.

Mireles estuvo preso por casi tres años, acusado de poseer armas de uso exclusivo del Ejército. Quedó libre en 2017 y fue exonerado; murió en 2020 por covid-19. Hipólito Mora, agricultor limonero antes de convertirse en autodefensa, murió asesinado en La Ruana, su localidad natal, en junio de 2023, luego de sobrevivir a varios atentados.

En su mayoría, las autodefensas surgieron en las propias comunidades financiadas en su momento por habitantes y agroproductores locales que, en aras de la seguridad, prefirieron contribuir con aportaciones para el pago de los salarios y equipo de sus integrantes que seguir pagando las extorsiones exigidas por los cárteles.

En algunos casos, los grupos de autodefensas se vieron infiltrados por miembros de organizaciones delictivas. En otros, como en Coahuayana, “todavía se lucha por lo que se empezó: por la paz y la tranquilidad”, asegura Héctor Zepeda.

Muchas de las personas desplazadas que han buscado refugio en este sitio, sobre todo mujeres, laboran en establecimientos de comida ubicados en las playas de la región. Por su parte, la mayor parte de los hombres son jornaleros en las huertas de plátano, papaya y otras frutas que se producen en este lugar.

En Coahuayana hay gente que les da cobijo y acompañamiento. Una de ellas es la activista Evangelina Contreras Ceja, quien ha documentado los casos de más de un centenar de familias que llegaron de zonas controladas por la delincuencia, cuyos testimonios entregó a la Organización de las Naciones Unidas. Reconoce, no obstante, que falta mucho por hacer para lograr el registro de todas las personas que han arribado a este territorio buscando la paz y la seguridad que perdieron en sus comunidades.

Contreras es, a su vez, una persona desplazada y, para ella, el 11 de julio es una fecha fatídica: un 11 de julio de 2012 un grupo criminal secuestró y desapareció a su hija Tania, entonces de 19 años. En esa misma fecha, pero de 2016, tuvo que irse de su pueblo, amenazada de muerte por seguir buscando a la joven y exigir castigo a los culpables. Y un 11 de julio de 2023, fue asesinado su hijo mayor, Leonel, en un aparente hecho fortuito. Antes de este homicidio, otro de sus hijos fue secuestrado en 2018 y permaneció tres días desaparecido. Fue localizado vivo, pero con huellas de tortura.

Aunque su vida corría riesgo, Contreras no deseaba dejar el lugar donde había pasado la mayor parte de su existencia: Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas. Sentía que ello significaba abandonar a su hija desaparecida. “No quería salirme –relata–, me estresaba mucho pensando que, si Tania volvía a la casa, no iba a estar ahí yo para recibirla. Pero ante el peligro en que me encontraba, mi otra hija me preparó una bolsa con poca ropa y me fui así, casi sin nada”. No ha podido regresar a esa región donde la vio por última vez.

Siete años después de que emigró de su comunidad, sentada en el patio de la casa de un familiar en Coahuayana, cuenta que por seguridad se ha visto obligada a cambiar periódicamente su lugar de residencia en territorio michoacano. A la vez, brinda apoyo a familias que fueron desplazadas, como ella, a causa del crimen organizado.

En el contexto de las acciones de búsqueda de Tania, Contreras fundó la organización Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán mediante la cual, junto con otras madres, se ha dedicado a indagar el paradero de desaparecidos en todo el estado de Michoacán.

Con ojos tristes, pero de mirada decidida, esta mujer de 56 años agrega: “Una de las cosas más difíciles del desplazamiento forzado es tener que estarte cambiando de ubicación. Eso me ha provocado depresiones muy fuertes. Creo que es la parte más difícil: no alcanzas a concluir nada cuando ya tienes que irte. Para mí eso ha sido estar huyendo siempre”.

Un proyecto de paz

“La creciente inmigración ha generado una gran necesidad de vivienda en nuestro municipio. Hay casas habitadas hasta por tres o cuatro familias. Algunas llegaron sin nada: en sus comunidades tuvieron que dejar todo su patrimonio para venirse a vivir a un lugar que no conocían, pero afortunadamente aquí tenemos trabajo para todos”, explica el alcalde Ruiz.

Ante la insuficiencia de vivienda en Coahuayana, el funcionario comenta que en la cabecera municipal se encuentra en proyecto la creación de la llamada Colonia de la Paz. El fin es garantizar vivienda a familias desplazadas, con lotes conseguidos ante particulares a bajo precio y con facilidades de pago.

Asegura que el Ayuntamiento contribuirá con la introducción de algunos servicios públicos, pero advierte que para el resto de las obras de urbanización y construcción de viviendas será necesario el apoyo de las administraciones estatal y federal.

Un asentamiento similar está en marcha en los límites con el municipio de Aquila. Ahí, un grupo de autodefensas de Coahuayana, a cargo del comandante Zepeda Navarrete, tomó un terreno que hace años fue asegurado a un exjefe local del crimen organizado y, aunque los familiares de éste han intentado recuperarlo porque el gobierno les liberó la propiedad, los autodefensas dispusieron del predio y lo entregaron a título gratuito para familias desplazadas.

El líder de las autodefensas informa que se trata de una superficie de cuatro hectáreas de la que resultaron cien lotes. A su juicio, el reparto entre familias desplazadas “es una manera de compensar a quienes perdieron todo a causa del crimen organizado. Esos terrenos costaron sangre y fueron fruto de dinero malhabido, de las extorsiones que sufría la población por parte de los criminales, por lo que es justo que la gente reciba un pedacito de tierra”.

El sacerdote Gregorio López Gerónimo, conocido como “el padre Goyo”, quien también ha brindado respaldo a familias obligadas a salir de sus comunidades a causa de la violencia, calcula en alrededor de 100 mil la cifra de personas afectadas por ese fenómeno criminal en los últimos años en el estado, en cuyo territorio operan más de diez grupos criminales.

Fundador y representante de la organización El Buen Samaritano, AC, el religioso advierte: “Estamos ante una verdadera crisis humanitaria; el gobierno federal vendió una ilusión de mejoría a los más desfavorecidos, pero quienes han sufrido las consecuencias del crimen organizado no imaginaron que el cambio implicaría abandonar su hogar y buscar refugio en otros países”.

El padre Goyo ha desarrollado su labor en Apatzingán y otros municipios de Tierra Caliente, donde se ha mostrado la mayor presencia de cárteles del narcotráfico. Añade que “miles de personas desplazadas por la violencia y el miedo se han visto obligadas a dejar atrás todo lo que conocían y amaban, en busca de seguridad y esperanza en tierras lejanas”.

Entre los destinos de la población michoacana desplazada se encuentran otros municipios del mismo estado y otras regiones de México. También, de manera importante, hay emigración hacia Estados Unidos o Canadá mediante el recurso del asilo político.

Recientemente, la titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán (Semigrante), Teresa Mora Covarrubias, declaró que el estado cerró 2023 con al menos mil 500 desplazados a causa de la violencia, mientras que en Tijuana, Baja California, se reportó la presencia de más de dos mil michoacanos en albergues y 500 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El último refugio: Estados Unidos

Sergio y sus cinco hermanos trabajaban juntos en una empresa maderera familiar. Pero en 2019 se vieron obligados a abandonar Coalcomán después de varios años de sufrir agresiones de grupos criminales que operan en la región.

Antes de solicitar y obtener asilo político en Estados Unidos, Sergio, nombre que ha sido cambiado para identificar a este joven empresario de 35 años, sufrió amenazas, cobro de piso, quema de vehículos, secuestro y tortura por parte de miembros de la delincuencia organizada.

En entrevista telefónica, comenta que la empresa de su familia extraía y transportaba recursos forestales de pino con permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal. Sin embargo, el cártel de Los Caballeros Templarios empezó a cobrarles 100 pesos por cada pie de madera. Después, la cuota se elevó a 200 y hasta 300 pesos, lo que hizo incosteable la actividad, pues llegó el momento en que pagaban más por el cobro de piso que por los sueldos de los trabajadores.

"Después de golpearnos, nos tiraron en un predio dándonos por muertos. Nos dimos cuenta de que los policías municipales eran cómplices porque fueron ellos quienes nos detuvieron y nos entregaron a los criminales”.

Fueron al Ministerio Público con intención de presentar una denuncia. “La recibieron, pero nos dijeron que no podían hacer nada porque ellos también estaban amenazados”, cuenta Sergio.

Desesperados por la situación que estaban padeciendo, Sergio y dos de sus hermanos se enrolaron como integrantes del grupo de autodefensas. Sin embargo, llegó a la región una célula del CJNG y, ante los ataques contra ellos y sus viviendas, los seis hermanos se vieron obligados a abandonar el pueblo junto con sus respectivas familias. Uno de ellos tenía un balazo en una pierna.

Además de Sergio, dos de sus hermanos están en territorio estadounidense por razones similares. Tres más están varados en Tijuana, esperando autorización del gobierno norteamericano para cruzar la frontera bajo el estatus de refugiados.

Como consecuencia de haber presenciado tiroteos y ataques contra sus familiares, el hermano menor, de poco más de 30 años, padece estrés postraumático. Es uno de los que todavía se encuentran en Tijuana, sometido a un tratamiento psiquiátrico y sin poder trabajar a cabalidad como lo hacía antes.

Ellos forman parte de las familias apoyadas por la asociación civil El Buen Samaritano, AC, mediante la cual el padre Goyo ha gestionado asilo político en Estados Unidos y Canadá para desplazados por la violencia en Michoacán.

Durante 2023, alrededor de cuatro mil mexicanos, la mayoría de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, solicitaron asilo político en Estados Unidos. De ellos, sólo a 843 les fue otorgado y el resto fueron deportados, señaló Emiliano Ignacio Díaz Carnero, investigador del Colegio de la Frontera Norte, durante su participación en el foro "Desplazamiento forzado de migrantes al interior del país", que organizó el Senado –donde permanece pendiente de aprobarse la Ley general de atención al desplazamiento forzado interno– el 22 de febrero pasado.

Díaz Carnero forma parte del Grupo interdisciplinario de estudios migratorios en el que participan integrantes del Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Colegio de Chihuahua. Ese equipo realizó una serie de encuestas entre 2019 y 2023 a personas desplazadas internas solicitantes de asilo o refugio. Encontraron que sólo en el caso de las personas desplazadas que llegaron a Ciudad Juárez, más del 50 por ciento son mujeres, y más de la mitad del total son niñas, niños y adolescentes, “personas con mayor vulnerabilidad”, resaltó.

Además, hallaron que la primera causa de desplazamiento son las amenazas o la extorsión. “Algo está pasando en Michoacán”, destacó Díaz Carnero, pues en 2022, el 52 % de las personas desplazadas en Ciudad Juárez eran originarias de esta entidad.

Asimismo, el investigador precisó que la tasa de negación de protección internacional a los migrantes originarios de México en Estados Unidos fue del 80 % entre 2019 y 2022. Así, la mayoría de estos solicitantes son devueltos al país “y es responsabilidad del Estado mexicano brindarles protección, atención y ayuda inmediata a estas personas”.

Sin voluntad legislativa

Desde 2022, el gobierno estatal, mediante Semigrante, promovió la conformación del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del Estado de Michoacán. También se elaboró una iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado en Michoacán, cuya presentación al Congreso del Estado por parte del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, estaba prevista para ese mismo año. No obstante, hasta el cierre de esta investigación el estado de Michoacán todavía no contaba con una ley en esta materia.

De acuerdo con un miembro del Observatorio Regional de Seguridad Humana de Apatzingán, que por razones de seguridad pidió omitir su nombre, las instituciones gubernamentales no están preparadas para atender integralmente la situación de los desplazados ni cuentan con los marcos legales para hacerlo.

Señala que, si bien desde 2019 el Estado mexicano aceptó por vez primera que el desplazamiento forzado existe en el país, y en 2020 llegó a la Cámara de Senadores una propuesta de ley en la materia por parte de la Cámara de Diputados, hasta la fecha no ha sido aprobada, igual que en Michoacán no ha fructificado el proyecto legislativo local.

Para esta investigación se solicitó una entrevista con la titular de Semigrante a través de la oficina de Comunicación Social del Gobierno del estado, para conocer la versión oficial sobre la problemática del desplazamiento forzado interno en Michoacán. No hubo respuesta de la funcionaria.

Por su parte, ante una solicitud de información vía la Ley de Transparencia, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas informó que en 2022 atendió a 150 familias y hasta el 15 de noviembre de 2023 había recibido a 70 más, todas en situación de desplazamiento forzado.

En cuanto a los tipos de apoyo brindado, detalló el organismo estatal, se encuentra atención jurídica para fortalecer su solicitud de asilo político en Estados Unidos; psicológica, para la estabilidad emocional, así como de trabajo social para preparar su inscripción al Registro Estatal de Víctimas.

Sergio, el joven empresario asilado en Estados Unidos, comparte que hace dos años murió su madre y ni él ni sus hermanos pudieron ir a despedirla porque no había condiciones de seguridad para regresar a Coalcomán. “Allá teníamos un patrimonio que perdimos de la noche a la mañana. A mí nunca me había pasado por la cabeza venir a Estados Unidos y ahora acá andamos padeciendo, trabajando en lo que podemos, pasando frío y batallando con el idioma. Yo me pregunto: ¿hasta cuándo el gobierno de México va a garantizar la seguridad de la población?”.