ZacatecasVolver a la vida deshecha

l 2021 fue un año funesto para los pobladores de Palmas Altas y para toda una región en la que se asientan otras 17 comunidades serranas del municipio de Jerez, en Zacatecas. Pistoleros de los dos grupos de narcotraficantes más dominantes del país hicieron de estos poblados su objeto de disputa y campo de batalla.

La fuerte confrontación entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación surgió cuando este último pretendió entrar desde esta zona cercana a los límites con Jalisco para extenderse hacia el norte del país. Sin embargo, fue frenado por el grupo de Sinaloa, liderado por Ismael “Mayo” Zambada, cuyas iniciales aparecieron pintadas en viviendas en esta zona de conflicto a partir de ese año.

Palmas Altas queda justo en la ruta del nodo carretero que conecta a puertos como Manzanillo con el norte del país. Ahí también es la vía de trasiego de drogas como el fentanilo hacia Estados Unidos.

Con gente armada, los grupos criminales sembraron el terror y obligaron a cientos de pobladores a dejar sus tierras y sus hogares para salvar la vida. Muchos fueron a refugiarse en la cabecera municipal, en casas de familiares, prestadas o rentadas. Otros se fueron a Estados Unidos.

Según un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, fueron tres mil 693 personas las que huyeron de sus hogares en 52 poblados de los municipios de Jerez, Valparaíso, Calera, Monte Escobedo, Tepetongo y Fresnillo.

“Eran las tres de la mañana cuando se empezaron a oír unos toquidazos que me despertaron”. Los hombres armados “ya andaban con un vecino queriéndolo sacar de su casa y se oían los llantos de una pobre mujer. Me agarró el miedo y pensé: vienen también por mí”. Así narra Benjamín Carrillo lo ocurrido el jueves 4 de marzo.

“Desperté a mi mujer y a mi hijo chiquito para esconderlos en uno de los cuartos de atrás. Entonces, escucho cómo las trocas se van parando a media calle y clarito se oye que dicen: ‘¿vamos a entrar o no?’. ¡Válgame, mi Dios!, fue el susto de mi vida, y en ese momento pensé que amaneciendo nos saldríamos del rancho”.

Cuenta que a eso de las cuatro de la mañana se escuchó una descarga de un fusil para el lado de un poblado cercano llamado Juana González; después se siguieron oyendo otras descargas. Según le dijo un vecino, las balas acabaron con la vida de tres de sus conocidos: los pistoleros sacaron por la fuerza de su hogar y masacraron en plena calle a José Luis, un poblador de Juana González; mientras en Noria de Santa Rosa asesinaron a un mecánico y a su hijo.

A bordo de una camioneta y aprovechando que durante el día los sicarios no aparecieron por las calles del pueblo, Benjamín huyó a la cabecera municipal junto con su esposa, su bebé y sus padres, que ya son adultos mayores.

Esa jornada se dio un desplazamiento masivo de familias que salieron igual, de prisa y llevándose solo unos cambios de ropa. “Pensamos que en unos días las cosas volverían a estar tranquilas y podríamos regresar a nuestras casas. Pero todo empezó a empeorar. Los malandros comenzaron a saquear y destrozar las casas, a llevarse las camionetas y los tractores que dejamos”, recuerda Benjamín.

También supo que quienes se quedaron pasaron noches en vela, pues los criminales se enfrentaban en balaceras. “En junio de ese 2021, los malos empezaron a levantar gente en Sarabia –otra comunidad cercana– y las familias se salieron. En la comunidad de El Saúl de los García, la gente se salió el 10 de mayo, el día de las madres, después de que se llevaron a tres muchachos. Así nos fuimos saliendo hasta que los ranchos se quedaron solos”.

Los pocos que no se fueron lo hicieron hasta noviembre, cuando ocurrió un nuevo enfrentamiento entre los grupos armados y uno de ellos retuvo a cuatro vecinos. Juan, otra persona desplazada que pidió no usar su verdadero nombre por miedo a represalias, cuenta que “nomás quedaron cinco familias, pero en enero los malos les advirtieron: sálganse o se mueren”.

Así, los sicarios hicieron de las comunidades deshabitadas un campo de batalla y usaron como trinchera algunas viviendas que destruyeron y saquearon. “Se llevaron ropa, colchones, estufas, electrodomésticos y muebles para los campamentos que tenían en los cerros”, relata Javier, otro campesino desplazado, cuyo nombre verdadero tampoco se puede revelar.

“En 14 meses, fueron 19 personas menos, entre muertos y desaparecidos, en Palmas Altas”, enumera Benjamín. Se queja de que las autoridades nunca atendieron la situación.

Durante el destierro, en 2021, fallecieron al menos 20 hombres y mujeres desplazados, todos adultos mayores. Ya no pudieron regresar ni muertos a reposar a los panteones de sus ranchos en la sierra de Jerez. Este dato surge del recuento que hacen los propios desplazados sobre sus vecinos, parientes y conocidos. No existen cifras oficiales de estos fallecimientos.

En la última semana de febrero y primeros días de marzo de 2022, escoltados por militares y guardias nacionales, algunos desplazados regresaron por unas horas a las comunidades, pero sólo para rescatar lo poco que quedó del patrimonio que habían dejado en su éxodo obligado.

Los militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, volvieron a mediados de marzo de 2022 a Palmas Altas y otras 17 comunidades serranas para inhibir a los grupos delictivos.

Benjamín y Juan recuerdan que, para alentar el retorno de las familias desplazadas, el gobierno de Zacatecas instaló bases de seguridad en Palmas Altas, Ermita de los Correa, Guadalupe Victoria y Villahermosa. También anunció que ayudaría en la reparación de las viviendas dañadas y entregaría recursos para recuperar el patrimonio robado y las cosechas perdidas.

Vivir entre las ruinas

Benjamín se animó a volver al rancho en marzo de 2022, preocupado por la salud de sus padres, a quienes veía tristes y decaídos por estar lejos de su hogar. Habían estado viviendo en la ciudad de Jerez, en al menos tres casas, prestadas y rentadas.

“Nuestros viejitos son quienes más han sufrido con el desplazamiento”, dice Juan. “Acostumbrados a andar en el corral viendo sus animales, a ir a sus barbechos, a hacer toda su vida en el rancho y de repente estar allá (en la zona urbana) nomás encerrados, entonces empezaron a deprimirse, a no comer. Su salud se deterioró”.

Antes de la llegada de los sicarios, Benjamín se dedicaba a la reparación de implementos y maquinaria agrícola en un taller mecánico instalado en su casa. Al regresar lo reabrió, pero casi nadie ocupa sus servicios.

Marco Vargas, coordinador de Atención a los Desplazados del gobierno municipal de Jerez, sostiene que, en promedio, casi el 70 % de las familias ha vuelto a las 18 comunidades que registraron desplazamiento, de acuerdo con un censo que se realizó.

En el caso de Palmas Altas y de Sarabia, el funcionario habla del retorno de entre 50 y 55 % de las familias. Admite que en algunos casos el retorno es menor al 30 %, como ocurre en Monte de los García. En esa comunidad habitaban entre 40 y 50 familias. Sólo regresaron 15 de ellas.

Jaime, un adulto mayor cuyo nombre no es real porque pide preservar su seguridad, y su esposa volvieron hasta enero de 2023. En su casa ya no estaban las camas, el comedor, la estufa, los cilindros de gas ni las cobijas. “Es como empezar de nuevo. Aparte, no queremos comprar nada porque quién nos asegura que no va a volver a pasar”, dice. Aun así, compraron muebles y electrodomésticos de segunda mano.

Al no hallar su patrimonio o verlo destruido, algunos enfermaron. Una de esas historias es la de Antonio Carrillo, un agricultor de avanzada edad que, con esfuerzos y el apoyo de sus hijos, se había hecho de una camioneta y un tractor nuevo que todavía no terminaba de pagar. Cuando regresó, halló su casa destruida y su tractor ya no estaba. Jaime cuenta que, de la impresión, “se puso mal, se le bajó la presión, se lo llevaron a Jerez y falleció por la tarde”.

Consternado por lo ocurrido a su vecino, Jaime narra su propio infortunio. “Tenía un cuarto lleno de herramientas y se llevaron todo. Fácil, unos 200 mil pesos” (casi 12 mil dólares). Durante años de trabajo en Estados Unidos, cada temporada regresaba al rancho con herramientas: compresores, generadores de luz y otros aparatos de trabajo que le robaron.

“Estamos sobreviviendo con nuestros recursos, con nuestro esfuerzo”, dice Jaime. Afirma que entre los habitantes retornados se cooperaron y pagaron 90 mil pesos (cerca de 5,400 dólares) a la Comisión Federal de Electricidad para que les restablecieran la energía eléctrica en el pozo de abastecimiento. Así lograron contar de nuevo con agua potable.

Una pequeña tienda de abarrotes reabrió sus puertas, al igual que la escuela multigrado, luego de que las familias se organizaron para ir recoger y regresar diariamente a la maestra que llega hasta Palmas Altas, comunidad a donde tienen que trasladarse los adolescentes para asistir a la secundaria.

Después de 12 meses de permanecer como pueblo fantasma, en mayo de 2022 reabrieron las tres escuelas de educación básica de Palmas Altas. El 27 de julio, la entonces secretaria de Gobierno, Gabriela Pinedo, llegó en helicóptero para asistir, en medio de un fuerte operativo de seguridad, a la clausura del ciclo escolar 2021-2022 en la primaria “José María Morelos”.

No obstante, esta pesadilla no da visos de terminar, pues la narcoviolencia causó nuevos desplazamientos forzados durante 2023. Al menos 50 familias salieron huyendo en los primeros días de febrero de San Pascual, en el municipio de Tepetongo.

En septiembre de ese año otras 14 familias también abandonaron la comunidad de Palmitos, en el municipio de Valparaíso, sumándose a las decenas que viven en el destierro y a las que se aventuraron a regresar a su hogar para tratar de recuperar el proyecto de vida que les arrebató la violencia criminal.

Una región devastada

Algunos pobladores intentan hacer la vida de siempre, a pesar de la destrucción y pérdidas de su patrimonio. Dicen que los grupos armados permanecen en los cerros aledaños y han acechado a algunos pobladores. Por ello, prefieren callar para poder entrar y salir de la zona sin ser molestados.

“Nadie se siente seguro” después de los horrores vividos, no obstante que los agentes de la Guardia Nacional mantienen su base improvisada en una casa prestada, dice Benjamín. “La Guardia apenas regresó el sábado (18 de noviembre de 2023), después de dos meses que nos dejaron sin seguridad”. La comunidad donó desde hace un año un terreno para que se edifique la base, y al cierre de este reportaje no se había construido todavía.

El 20 de noviembre de 2023, para esta investigación se hizo una visita a seis de las 52 localidades desplazadas de la sierra de Jerez. La mayoría lucen desoladas porque la gente tiene miedo de volver. “Aquí nada es como antes”, expresa Juan, quien acompaña el recorrido junto con Benjamín.

En Palmas Altas, que según el INEGI tenía 276 habitantes en 2020, las calles se ven desiertas y la mayoría de las viviendas tienen candados y cadenas oxidadas puestas en las puertas.

A 15 minutos de ahí, tras recorrer un accidentado camino de terracería de cuatro kilómetros se llega a Sarabia. La comunidad tiene casas con paredes y techos de lámina agujereados por las balas. Las siglas de los cárteles están remarcadas en paredes y portones. También hay camionetas quemadas en las calles. El INEGI censó en 2020 a 171 habitantes en Sarabia. “Aquí estamos sólo 18 de 60 familias”, dice Jaime mientras las nombra y apunta hacia el caserío de adobe y corrales de piedra.

“Estamos con miedo hasta de hablar”, expresa Jaime. La presencia de patrullas con logos de la Guardia Nacional recorriendo las calles del poblado no basta para dar tranquilidad a quienes han regresado. “No está uno seguro si es el gobierno o son trocas clonadas”, manifiesta.

El gobierno puso maquinaria pesada a disposición de los habitantes de Sarabia, para reparar caminos, sacar cosechas o sacar la tierra de los bordos de agua para el ganado. Pero tan solo su traslado cuesta ocho mil pesos (460 dólares), otros 300 pesos por hora de operación, más diésel y darle de comer al operador. Todo debía ser cubierto por los propios afectados, así que desistieron de aceptar el ofrecimiento.

En Juana González, a 10 minutos de Palmas Altas, las calles están invadidas por la maleza. La escena se repite: viviendas cerradas y abandonadas. En la escuela primaria multigrado “Ignacio Zaragoza”, los pupitres están cubiertos de polvo. De las 12 familias que un día estuvieron, ahora sólo queda una, conformada por una pareja de adultos mayores y su hijo. Nadie abrió la puerta el día de la visita.

Los migrantes radicados en Estados Unidos regresaban cada año a convivir con sus familias. En el poblado sobresalen dos enormes fincas, construidas con muchos años de trabajo en “el sueño americano”, porque sus dueños tenían pensado regresar al terruño. Pero luego de que fueron saqueadas por los grupos criminales, ya nadie volvió.

Un agreste camino lleva de Juana González a San Antonio de Ordóñez. En esta ranchería parece que no vive nadie. Sin embargo, en una casa de adobe se asoma Luis, un hombre de unos 50 años, sorprendido por el ruido de la camioneta. Luis pide mantenerse en anonimato.

Afirma que tocó suerte que estuviera en la comunidad. “Sólo unos días nos venimos aquí, más por traer a mis papás (dos adultos mayores) a que pasen unos días aquí en la casa”. Sólo tres de las 15 familias que habitaban el poblado han retornado, pero no de manera permanente.

A su parecer, no existen condiciones para quedarse en el poblado. No hay tienda de abarrotes, por lo que “hay que ir por la papa hasta Jerez”, confiesa Luis. Ello representa gastar en gasolina el dinero que puede emplearse en comprar la despensa. No tienen agua potable porque la bomba del pozo se quemó, “y nomás jalan dos de las 11 lámparas del alumbrado público”.

De esta comunidad, a 15 minutos de distancia, por otra solitaria brecha, se llega a otro pueblo de nombre similar: Ordóñez. Es un caserío donde en 2020 el INEGI contaba 60 habitantes. “Aquí nomás hay unas 15 personas”, apunta Juan. No fue posible encontrar a una sola.

El recorrido termina en Cieneguitas de Fernández donde, en plena calle, se ve a un grupo de hombres, jóvenes y adultos mayores. Beben cerveza mientras degustan carnitas y chicharrones del marrano sacrificado para celebrar a un recién llegado de Estados Unidos. “Así era la vida en nuestros ranchos, con estas reuniones”, expresa con añoranza Benjamín.

La clínica ubicada en esta comunidad reabrió en los primeros días de noviembre de 2023 y se recuperó el servicio médico para los habitantes de una decena de localidades.

La respuesta oficial

En estas comunidades, los apoyos del gobierno se han limitado a la reparación de las viviendas dañadas, como colocación de vidrios nuevos, compostura de chapas y cerraduras, así como de techos, enjarres, resanado y pintura de paredes. En eso coinciden Jaime y Benjamín.

A principios de marzo de 2022, medios locales le preguntaron al gobernador David Monreal cuándo podrían regresar las familias desplazadas a sus hogares, y contestó que no sabía. “Esa respuesta no la tiene ni Obama”, dijo en tono de broma.

Pero al pasar el tiempo algunos desplazados viajaron a la Ciudad de México y acudieron a Palacio Nacional para pedir ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador; protestaron afuera del edificio y entregaron un escrito a la Oficialía. No fueron atendidos por las autoridades federales.

En abril de 2022, la Fiscalía de Justicia de Zacatecas abrió una ventanilla en el municipio para recibir las denuncias de los pobladores por el robo de tractores, camionetas, implementos agrícolas y menaje de casa. “Estaban pidiendo números de series, las marcas de las cosas perdidas… nomás faltaba que nos pidieran las facturas”, reniega Jaime.

En Sarabia, Jaime critica que “del gobierno nomás vinieron a pintar las casas de la calle de la entrada para que se viera bonito cuando vino el gobernador”. Esa visita tuvo lugar el 15 de junio de 2022. En un boletín de prensa emitido en esa ocasión, el gobierno del estado dio a conocer que, junto con el gobierno federal, se habían intervenido 247 viviendas “con acciones de reparación” en Sarabia y Palmas Altas.

El gobernador también prometió ayudar con semillas y fertilizantes para reactivar las labores agrícolas. Juan reprocha que esto tampoco se cumplió. Sin embargo, el coordinador de Atención a los Desplazados del gobierno municipal de Jerez aseguró para esta investigación que sí hubo apoyos para que los pobladores afectados recuperaran algo de sus pertenencias.

En julio de 2022, el gobierno estatal informó que hizo entrega de apoyos de vivienda para las comunidades desplazadas: casi tres millones de pesos para la construcción de dos cuartos dormitorios, reparaciones de muros, pisos y techos. Las casas de Sarabia que entraron en ese programa tienen colocada una placa con la leyenda: “Programa de vivienda emergente para la construcción de la paz”. En el recorrido, para esta investigación se constató que varias de estas casas están deshabitadas, algunas completamente vacías.

En mayo de 2022, durante una comparecencia en el Congreso, el entonces fiscal general del estado, Francisco Murillo, fue interrogado sobre la detención de los responsables del desplazamiento forzado en comunidades de municipios como Jerez. Respondió que a esa fecha contaba con 95 denuncias de los desplazados, pero la mayoría por los delitos de daño en las cosas, robo y abigeato, así como tres por privación ilegal de la libertad. No dio información sobre personas detenidas por estos casos.

El 28 de junio de 2022, el Congreso del estado aprobó la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, la cual ordena la conformación de un Sistema Estatal de Atención Integral y la creación de un Fondo estatal. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos está funcionando.

Jairo Antonio López, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, afirma que la atención a los desplazados es “una gran simulación” de las autoridades, pues “crean una ley que no ha sido reglamentada, no tiene presupuesto y se quedó sólo en el papel”.

Al comparecer ante el Congreso en octubre pasado, el secretario de gobierno Rodrigo Reyes reconoció que el reglamento sigue pendiente, y a la fecha no ha sido elaborado. Tampoco se asignó presupuesto para aplicar la ley este año.

Para este reportaje se solicitaron entrevistas con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes. Ambos accedieron, pero después ya no respondieron y ninguna se concretó.

Desde el punto de vista de este sociólogo colombiano, el actual retorno de las familias desplazadas se está dando “sin reparación y sin justicia”, porque no hay investigaciones ni sanciones a los homicidios, a las desapariciones de personas y a los saqueos de las casas. “No garantiza condiciones de no repetición” y sin eso “no se logran retornos estables, seguros y duraderos”.